Ha pasado un año desde que el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el Procurador Jesús Murillo Karam ofrecieron una Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas a padres en huelga de hambre. Y es la hora en que ésta no cuenta con estructura operativa. En otras palabras: el apellido “especializada” aún no le encaja, pues no han sido contratados los agentes policiacos que trabajarían en terreno con métodos específicos. En este texto faltará una foto: la de la oficina de la Unidad. Ni siquiera cuenta con una. El personal es administrativo; está asignado a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR y ya ha demostrado letargo: si al 30 de julio de 2013, la CNDH admitía 24 mil 800 personas sin encontrar en la República Mexicana, la Unidad tenía asignadas apenas 54 casos. ¿Entonces quiénes buscan a los desaparecidos? SinEmbargo tuvo acceso al organigrama: hay sólo 24 personas contratadas; el sueldo mayor, de 175 mil 828.64 pesos mensuales, corresponde al Jefe de Unidad. Le sigue el de la directora general, quien devenga 119 mil 670 pesos y luego, el de 113 mil 588 pesos de un director general adjunto. La Unidad trabaja con un presupuesto de 40 millones de pesos…
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– Todos saben lo que pasó en las banquetas de Avenida Reforma aquella tarde en que empezaba a oscurecer del domingo 19 de mayo de 2013 cuando Ana María Maldonado, de 60 años de edad, presentaba diarrea y vómito por una huelga de hambre que no quería abandonar.
Juntó diez días sin comer.
En realidad, lo suyo no era para reclamar lo que durante los últimos tres años había reclamado: el paradero de su hijo, Carlos Palomares Maldonado, quien desapareció con 34 años en el Distrito Federal, un maldito y extraño día en el que se le ocurrió salir a intercambiar figuras de Star Wars por un vehículo.
Su protesta a través del hambre era por otra razón: que el Presidente Enrique Peña Nieto empezara una investigación caso por caso de todos los desaparecidos de la faz de México, como lo había prometido el equipo de transición en el noviembre anterior.
Ana María no era la única en ese campamento de paredes de plástico, montado en la lateral de la avenida Reforma, al lado de la Procuraduría General de la República (PGR). En total, siete madres y un padre dejaron de comer para que la búsqueda de sus hijos se convirtiera en objetivo prioritario de la procuración de justicia del nuevo gobierno.
Ahí estaban Margarita López, madre de la joven Yahaira Guadalupe Bahena, desaparecida en Oaxaca; Dolores Rodríguez, quien busca a su hijo, el universitario Juan Eduardo Olivares Rodríguez, sin aparecer desde el 1 de septiembre de 2011 en Tampico, Tamaulipas; Irma Alicia Trejo Trejo, madre de Francisco Albavera, a quien ya no se le vio más desde el 26 de marzo de 2011 en el Distrito Federal; Nancy Rosete Núñez, madre de Elvis Axell Torres, desaparecido el 30 de diciembre de 2010 en un camino rumbo a Tamaulipas; Erika Montes de Oca Marín, quien busca a su sobrino Sergio Eduardo Guillén, esfumado el 28 de noviembre en la Ciudad de México y Atanasio Rodríguez quien no encuentra a Alejandro Rodríguez González, después de que las patrullas 1250 y 1440 se lo llevaron el 19 de julio de 2010 en San Luis Potosí.
Pronto amanecería el 10 de Mayo –Día de la Madre- del 2013 y Ana María Maldonado decidió tirarse en la banqueta de la PGR y no probar bocado. El 18 de mayo, al borde de la deshidratación y la muerte, salió del campamento en vilo. No se iba en vano. En teoría llevaba una esperanza: el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto había aceptado crear la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Tras una reunión que no completa una hora con los huelguistas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el procurador Jesús Murillo Karam se comprometen a instalar una Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD). Palabras de Murillo Karam: “Ahora nos tocará, junto con sus planteamientos, llevar a cabo acciones tangibles, que se podrán anunciar en los próximos días”. En los días subsecuentes dirá en varias entrevistas que se contratarán a los agentes necesarios de acuerdo con la dimensión del problema que se extiende en “muchos”. Serán policías especializados. Dirá también que la búsqueda se hará menos burocrática.
La instancia es creada por el acuerdo número A/066/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
La Cámara de Diputados aprueba 110 millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas en 2014: 40 millones 205 mil pesos son para la Unidad; además de otros 70 millones 270 mil para la Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas no Localizadas, instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El primer monto resulta menor que el ejercido por la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, el cual llega a casi 117 millones de pesos.
ONCE MESES, ¿Y DÓNDE ESTÁ LA UNIDAD?
Ha pasado un año de la promesa que hicieran el procurador Jesús Murillo Karam y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , y once meses de la creación de la Unidad. En este texto, faltará una foto. La del edificio de la instancia prometida. De hecho, la Unidad no tiene oficina propia. Es cierto que la instancia fue decretada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero por ahora, pertenece a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.
De los policías que serían contratados para dar con el paradero de quienes hace tiempo no están en sus casas, no hay nada.
Una respuesta de esa Subprocuraduría a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en el folio 0001700022314 indica : “… Sin embargo, hasta el momento la estructura organizacional se encuentra en proceso de evaluación y en su caso autorización por parte de las autoridades correspondientes”. Es decir, no tiene personal para trabajar en terreno.
La misma respuesta añade: “No obstante, su funcionamiento se compone de un titular, así como de personal adscrito a la propia Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad”. Es decir, la búsqueda de los desaparecidos en México está hoy por hoy en manos de funcionarios administrativos contratados.
LOS ENCARGADOS DE BUSCAR A LOS DESAPARECIDOS
El jefe de la UEBPD se llama Baltazar Samayoa Salomón y su sueldo es de 175 mil 828.64 pesos, según respuesta de ese órgano de justicia sobre el organigrama de la Unidad. El último cargo importante en la procuración de justicia, Samayoa Salomón lo tuvo cuando se desempeñó como subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de 2002 a 2006, en el tiempo en que Bernardo Bátiz Vázquez estuvo a cargo de esa dependencia y Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Samoyoa Salomón es el hombre que se vio envuelto en un conflicto de intereses en 2003 cuando su hermano Ignacio, de 48 años de edad en ese momento, fue detenido por agentes de la policía preventiva como presunto responsable de los delitos de robo, allanamiento de morada y portación de arma de fuego. Aquella ocasión, el Centro de Información Policial de la SSP –donde Baltazar Samayoa laboraba- informó que Ignacio fue sorprendido en el tercer piso del edificio con el el número 1004, en el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la colonia Portales, donde trató de asaltar a Jorge Rojas Villaseñor.
En el momento del arresto, el detenido dio a conocer su parentesco con el funcionario de la Procuraduría capitalina y lo utilizó como argumento para quedar en libertad. En ello se mantuvo al ser presentado ante la 31 agencia investigadora del Ministerio Público. Quedó libre, pero fue detenido de nuevo al siguiente año. Ingresado al Reclusorio Preventivo Norte quedó libre, durante la madrugada, tras pagar una fianza.
Ese incidente delictivo no impidió que Baltazar Samayoa continuara en su cargo. Pero después, su nombre desapareció del templete público hasta que en 2012 fue llamado al área de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y en 2013 a la Unidad.
Quien ocupa la dirección general de la UEBPD es Patricia Colchero Aragonés y su sueldo es de 119 mil 670.45 pesos. Su carrera se ubica en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal donde trabajó de 2001 a 2009. Su primer cargo fue en la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones (CSER, cuyo objetivo era vigilar y verificar el cumplimiento de las recomendaciones. Luego, de 2007 a 2009, fue segunda visitadora general, a cargo de la investigación de violaciones a los derechos humanos en los Reclusorios. Ella misma fue candidata a la Presidencia de la comisión en 2012.
El tercer funcionario en el organigrama es Felipe Quiroz Martínez quien se desempeña como director general adjunto y gana 113 mil 588 .10 pesos. Fue enlace administrativo en el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Diputados. No tiene cargos públicos sobresalientes en su currículum.
El cuarto funcionario en este organigrama es Miguel Jorge Ramírez Castro con un sueldo de 95 mil 354. En Coahuila, fue agente del Ministerio Público, jefe del Centro de Reclusión Social de Saltillo, director del Departamento de Control Vehicular, así como director de la Policía Ministerial.
En 2003 se vio envuelto en el escándalo. Tuvo que desmentir que era propietario del rancho “El Vergel” donde la PGR y el Ejército incautaron un cargamento de drogas y armas de fuego al grupo de narcotraficantes “Los Texas”, cuyas operaciones fueron ubicadas en el sureste de Estados Unidos y noreste de México.
¿SÓLO 54 CASOS?
Sobre cuántas personas están desaparecidas en México no hay acuerdo. El país carece de un registro único que reúna las señas de quienes ya no están con sus familias; además de la actualización.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas es una instancia que, como la misma Unidad, tampoco ha podido ser instalado en lo que va de este sexenio. El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) debió presentarlo al Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Renaped), que entró en vigor el 17 de abril de 2012, pero no lo hizo porque el reglamento no fue expedido por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Vislumbrado en la ley, el Registro será una base informática que debe agregar los datos de las entidades de la República, lo que obligaría a cada estado a llevar un registro particular con actualización constante. Si una persona aparece, el gobierno local estaría obligado a notificarlo.
Así que cada fuente tiene sus datos, sus informes, sus números. La Secretaría de Seguridad Pública Federal indica que son dos mil 44; la PGR, cuatro mil 800; la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cinco mil 229. El pasado 21 de mayo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, informó ante el Senado de la República que ese organismo reconocía 24 mil 800 personas sin encontrar en la República Mexicana (la cifra, la CNDH la tenía desde el año pasado) desde 2005 a la fecha, un número que dista en muchos miles de las otras fuentes.
Como sea, todas las instancias –SPF-DF, PGR, PGJDF y CNDH– reconocen más de mil desaparecidos en el territorio nacional, pero la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas tenía asignadas al 30 de julio de 2013 sólo 54 casos.
En el folio 0001700184013, la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR respondió que hasta esa fecha había logrado dar con el paradero de dos personas y no había presuntos responsables por las desapariciones.
EL LUGAR CORRECTO
Debajo del letrero “Ayúdanos a encontrarlos”, ocho fotos, pegadas en un cristal reciben en la Subprocuraduría, en la calle de López 12, a un costado de Sears, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Un policía indica que se ha llegado al lugar correcto para empezar la búsqueda del ser querido. No se guarda una recomendación que suena aprendida: los hoteles más seguros son los de la calle Isabel la Católica; no son lo máximo, pero no están caros. Parece conocer una necesidad común. Un denominador.
Tiene razón. Este es el único sitio a donde puede acudirse si se está en la desgracia de la desaparición de un ser querido. La Procuraduría Social de Atención a la Víctimas del Delito (Províctima), creada por el Presidente Felipe Calderón para atender a los deudos de la llamada Guerra contra el Narcotráfico y entre ellos a quienes tienen familiares desaparecidos, fue cerrada.
En el número telefónico de 10002000 que le perteneció, ahora el conmutador responde: “Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”. Y aunque Províctima dejó de atender desde el año pasado, apenas el 8 de enero, el gobierno federal emitió el decreto que transforma al organismo en comisión. De modo que todo ha vuelto a empezar y los datos tendrían que haberse traspasado a la Unidad ahora asignada a a esta Subprocuraduría.
La Base Única de Datos Genéticos, anunciada en junio del año pasado por la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, tampoco está lista. Así, el tiempo sigue pasando.
